Escrito por En Perú, más de un tercio de las tierras boscosas son utilizadas y ocupadas por comunidades indígenas. Sin embargo, sus derechos legales sobre sus tierras tradicionales se ven socavados con frecuencia, y el programa REDD+ amenaza con aumentar esos abusos contra los derechos humanos, dicen los autores de un nuevo informe. La Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Amazonía Peruana (AIDESEP), la Federación de Pueblos Originarios del Río Madre de Dios y sus Afluentes (FENAMAD), y el Centro Asháninka del río Ene (CARE), organizaciones indígenas peruanas, acaban de publicar el nuevo informe, titulado “La realidad de REDD+ en Perú: entre la teoría y la práctica: análisis y alternativas de los pueblos indígenas amazónicos”.
¿Que es REDD+?
REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) es un esquema global de comercio de carbono que permitiría a las naciones más ricas compensar su producción de carbono invirtiendo en la protección de los bosques en las naciones en desarrollo. La privación de derechos de la población local en el desarrollo de iniciativas REDD+ ha sido durante mucho tiempo un tema controvertido.
Algunos de los peores abusos de REDD+ hasta la fecha en Perú incluyen contratos de estricta confidencialidad sin protección legal ni supervisión para las comunidades indígenas, incluso para los pueblos que no dominan el inglés (el idioma de los contratos) o incluso el español escrito. Y esos casos involucran a comunidades que en realidad tienen derechos legales sobre sus tierras. Cientos de comunidades “invisibles” no tienen reconocimiento legal de su propia existencia, ni título de propiedad de sus tierras tradicionales. Los pueblos indígenas a menudo tienen derechos de uso de la tierra, pero no títulos de propiedad de la tierra, y sus derechos se han erosionado constantemente durante los últimos 20 años, al igual que su tierra se ha degradado constantemente para la minería, la tala y la extracción de petróleo y gas, enfatizan los autores. .
Los autores citan una preparación inadecuada para el programa REDD+, y señalan que podría resultar en una apropiación masiva de tierras, particularmente para los millones de hectáreas en disputa atrapadas en casos de derechos territoriales indígenas. REDD+ está progresando mucho más rápidamente a nivel subnacional que a nivel nacional en Perú, una receta para la supervisión y aplicación laxas de las protecciones contra los abusos de los derechos humanos, afirman. Las leyes existentes no brindan protecciones adecuadas para los pueblos indígenas y sus tierras, señalan los autores, lo que implica que es poco probable que el gobierno de Perú se ponga del lado de las comunidades indígenas con respecto a sus derechos territoriales.
“Los ‘piratas del carbono’ están convenciendo a las comunidades indígenas para que renuncien a sus derechos sobre la tierra y el carbono en términos que son muy favorables a los intereses comerciales y ofrecen poca o ninguna garantía para la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas”, dicen los autores. En otros casos, la consulta a la comunidad se ha llevado a cabo solo después de que comienzan los proyectos.
Sin reformas legales drásticas para garantizar los derechos territoriales de los indígenas peruanos, el programa REDD+ privará aún más a los pueblos indígenas de sus derechos, concluyen los autores. En lugar de arrojar grandes sumas de dinero a “mercados de carbono inestables y no probados”, apoyan una financiación modesta para promover el desarrollo forestal comunitario y garantizar los derechos territoriales de los indígenas”. “Solo así REDD puede convertirse realmente en una oportunidad para los pueblos indígenas y no en una amenaza”, ha dicho Alberto Pizango Chota, presidente de AIDESEP. Un estudio reciente ha demostrado que los bosques comunitarios son más seguros que las “áreas protegidas”, ya que el sustento de la población local depende de la salud de los bosques comunitarios.
Además, las plantaciones de biocombustibles deben ser excluidas del programa REDD+, afirma el grupo. Permitir que los monocultivos de biocombustibles se utilicen como compensaciones de carbono sería una ironía escandalosa, ya que estas plantaciones a menudo causan mucha más destrucción ambiental de la que evitan. Los autores del informe señalan que muchos grupos indígenas peruanos sostienen que financiar REDD+ con compensaciones de carbono deslegitima toda la iniciativa, lo que implica que el programa tiene fallas en su esencia. Muchos críticos externos han expresado la misma creencia, afirmando que los esquemas de comercio de carbono a gran escala mantendrán niveles de contaminación consistentes con la norma o, debido a la corrupción inevitable y las dificultades con la supervisión, conducirán a mayores niveles de contaminación que antes, mientras alimentan el crecimiento de una peligrosa burbuja comercial de carbono.
